Señala que la manera en que está estructurada la iniciativa y su falta de claridad, puede provocar más problemas en el ambiente económico.
De no realizarse las aclaraciones en la Reforma Anti-Outsourcing que planteó el Gobierno Federal, pudieran verse afectados derechos fundamentales, que afectarán la inversión y propiciarán sujetarse a amparos, advirtió el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL). ”Consideramos que la autoridad cuenta con elementos informativos, provenientes de los mismo contribuyentes, como para poder determinar la posibilidad de permitir la operación de empresas de outsourcing puros y actuar contra las de “simulación”, para evitar impactar en todas aquellas actividades que, por su naturaleza económica y jurídica, no forman parte de este objetivo”, explicó Ernesto Méndez Moreno, presidente del ICPNL.
Dijo que ante el abuso de esquemas de simulación laboral, donde se afectaba los derechos laborales de los trabajadores, el Ejecutivo presentó una propuesta buscando solucionar este problema, “sin embargo, la manera en que está estructurada la iniciativa y su falta de claridad, puede provocar más problemas en el ambiente económico, que no es conveniente para la ya afectada economía nacional.
“Se considera muy acertada la intención de erradicar esquemas que afectan los derechos laborales, pero este propósito no puede ir más allá de esta relación. La poca claridad con que se define al concepto “servicios especializados” es uno de los factores que más afectan, vinculando la responsabilidad laboral de los trabajadores del contratista, es decir, este tercero con el cliente”.
Adicionalmente, indicó el ICPNL, sugiere la obligación de incorporarse en un padrón ante la Secretaría del Trabajo, a todos aquellos proveedores de servicios especializados, para que sus clientes puedan deducir y acreditar para efectos fiscales los pagos que se le realicen, “lo cual impactará en las relaciones contractuales de cualquier tipo de servicio, si no se define con claridad”.
Por otra parte el ICPNL, dijo que “se entiende que se desea respetar el Reparto de Utilidades entre los trabajadores de las empresas (PTU), combatiendo a esquemas que no lo pagaban, y puede ser más efectivo si la iniciativa buscará redefinir este concepto para convertirlo en un concepto que promueva la competitividad empresarial, incluso a nivel internacional, y la eficiencia de los trabajadores”.
Otro aspecto que convendría considerar, indicó el ICPNL, es respecto al plazo de transición para que se encuentren operando las iniciativas, una vez aprobadas, para darle tiempo suficiente a las empresas a contratar personal y evitar un aumento en el desempleo, así como gestionar las autorizaciones correspondientes, en su caso.
Autor: Edgar Rivera / Periódico El Financiero
Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial del ICPNL.
Información recibida por El Financiero, 19 noviembre del 2020.
