En el presente artículo se mencionarán las acciones llevadas a cabo por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para combatir la corrupción, y se expondrán las respectivas estadísticas y procedencia de las denuncias en el ámbito penal y administrativo, información que permite conocer si existen diferencias en la aplicación de las acciones para combatir la corrupción, tanto del contribuyente así como del funcionario público.

Expuesto lo anterior, la siguiente pregunta a realizar sería, ¿Quién paga los costos económicos de la corrupción en México?

Desde el año 2014 la autoridad fiscal publica unas “listas negras” en el Diario Oficial de la Federación así como en el portal del SAT, en donde se señalan los nombres y Registro Federal de Contribuyentes (RFC), de los contribuyentes que presumiblemente y definitivamente a criterio de la autoridad han llevado a cabo conductas ilícitas, listados que tienen como efecto y consecuencia una exposición social que repercute para el contribuyente en una sanción económica.

Ahora bien, desde el año 2020, el SAT, estableció como estrategia institucional el llamado ABC:  Aumentar la eficiencia recaudatoria, Bajar la evasión y elusión fiscal y Combatir la corrupción.

La corrupción se puede definir como aquella forma de actuar del funcionario público que se encuentra fuera de los estándares establecidos, que tiene como objetivo favorecer intereses de particulares a cambio de un beneficio.

En relación a lo expuesto con anterioridad, a fin de maximizar la recaudación tributaria, el SAT ha encaminado sus acciones a identificar y sancionar a los contribuyentes que llevan a cabo conductas ilegales, no obstante lo anterior, puedo indicar que este tratamiento no ha sido aplicado con la misma intensidad a sus funcionarios públicos.

Fundamento lo anterior con lo señalado en el Informe Tributario y de Gestión del Segundo Trimestre de este año, en donde se señala que desde el año 2020 hasta el mes de junio del año 2022, se han presentado denuncias que involucran a 2,697 personas; de las cuales la Fiscalía General de la República ha vinculado a proceso a 472 personas, y de las cuales tan sólo 18 son servidores públicos.

En un análisis a lo anterior, se advierte que la autoridad se ha enfocado más en sancionar las malas prácticas del contribuyente, y se deduce que no se combate con la misma intensidad la corrupción de los funcionarios públicos, puesto que, además, acorde al Informe anteriormente mencionado, durante el mismo periodo, de las 784 denuncias que se atendieron de manera interna, sólo 142 procedieron para su análisis e investigación y sólo se promovieron 99 denuncias ante el Órgano Interno de Control.

En ese sentido, queda evidenciado que el SAT tiene muy claro el costo de las malas prácticas llevadas a cabo por los contribuyentes, pero no así el costo de la corrupción por parte de los funcionarios públicos, mismos que forman parte de la formula para la existencia de la corrupción.

Ahora bien, es un hecho que los funcionarios públicos que se prestan a la corrupción, causan también una afectación económica a los intereses de la federación, costo el cual no ha sido cuantificado al día de hoy y no existe un mecanismo similar que desincentive de igual forma las conductas de los funcionarios que causen afectación económica al erario.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial del ICPNL.